No es nada nuevo que uno de los grandes problemas para las comunidades de propietarios son los vecinos morosos, aquellos que no cumplen con su cuota mensual correspondiente o se demoran en su pago.

Aunque faltan pocas semanas para que el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas publique los datos del año pasado, su secretario Rafael del Olmo adelanta que la tendencia de impagos seguirá a la baja. Estos alcanzaron un máximo en 2014 cuando la morosidad alcanzó los 1.854 millones de euros. En 2015 bajó a los 1.812 millones y en 2016 -el último ejercicio del que hay datos hasta la fecha-, a 1.666 millones.

No obstante, a pesar de esta recuperación, casi el 39,9% de las comunidades de propietarios tenía todavía ese año vecinos morosos. El porcentaje en el que las entidades financieras contaban con pagos pendientes ascendía al 7,29%.

Por aquel entonces el importe medio de la morosidad en cada comunidad de nuestro país rondaba los 1.109 euros.

Las autonomías con una morosidad más elevada son Andalucía, Cataluña y Madrid, en ese orden. Entre las tres sumaban en el año 2016 una deuda de 805,59 millones de euros, la mitad del total de toda España.

Del Olmo declaraba a la Cope que la morosidad «sigue siendo un problemón» y que tiene consecuencias. Entre ellas destacaba en primer lugar el impacto económico, ya que los impagos frenan la rehabilitación y la accesibilidad de los edificios.

Además, cuando una comunidad de propietarios no tiene liquidez no puede afrontar inversiones como el arreglo de la fachada o pintar la escalera. No obstante, según dijo del Olmo lo que más le preocupa es la tensión social que genera esta situación. El secretario del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas revela que siempre provoca “problemas de convivencia”, especialmente cuando se trata de un “moroso profesional”, es decir, aquel que no paga porque no quiere, no porque no puede.

Problemática de los pisos turísticos

Los pisos turísticos se están convirtiendo en otra de las grandes preocupaciones de las comunidades de propietarios. En muchos de estos se empiezan a producir choque de intereses entre los vecinos y las personas que alquilan estos pisos, a veces de manera ilegal.

Para del Olmo el legislador debe buscar soluciones a este conflicto, cada vez mayor. De hecho, el Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Málaga y Melilla ha pedido a la Junta autoridad para actuar ante inquilinos de viviendas turísticas que molesten, de manera que actúen como agentes colaboradores de la autoridad.

«Todos tenemos asumido que si en un hotel un huésped está molestando o haciendo gamberradas, la propiedad lo puede echar; pues queremos que sea igual y se pueda desalojar porque los administradores queremos la paz vecinal», ha especificado el presidente del CAF Málaga y Melilla, Fernando Pastor, quien ha manifestado que este planteamiento se le ha trasladado a la Junta pero aún no tienen respuesta.

Pastor también ha recordado que la llegada del verano provoca un incremento de los alquileres en viviendas turísticas y, por tanto, de problemas, sobre todo en las zonas de costa. No obstante, ha admitido que esta problemática se está trasladando al centro de Málaga capital, con la existencia de edificios antiguos, que no están insonorizados y que provocan molestias a los vecinos por parte de «personas que vienen a pasárselo bien y no tienen cuidado de las normas de comunidad».