Los problemas de convertir una comunidad de vecinos en un lugar accesible
Desde finales de 2017 todas las comunidades deben tener espacios accesibles para personas con discapacidad o mayores de setenta años.
A principios del mes de agosto se cumplieron los primeros 8 meses tras la entrada en vigor de las reformas de accesibilidad para todos los edificios de viviendas. Esta ley está destinada a eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el acceso y libre uso de los espacios comunes de los inmuebles a personas discapacitadas y mayores de setenta años. Las comunidades de propietarios dispusieron de cuatro años completos para instalar rampas, ascensores, montacargas y dispositivos mecánicos para ayudar a personas con movilidad reducida a entrar en su propio hogar.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social es el documento que trata el tema y ha normalizado la situación de las viviendas para hacerlas inclusivas para todos. Sin embargo, a finales del año pasado el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España declaró que un 77% de los edificios no habían eliminado las barreras arquitectónicas necesarias.
Nos encontramos con 3,8 millones de discapacitados que carecen de medios y facilidades para acceder a su hogar o para visitar a amigos y familiares. En muchas comunidades se ha optado por las modificaciones más económicas, como sería la instalación de rampas, la sustitución de ascensores o la instalación de un elevador vertical. Un edificio que aún no ha solventado esta situación de accesibilidad puede enfrentarse a sanciones desde 301 hasta 1.000.000 de euros.
Accesibilidad como derecho para los vecinos
La movilidad vertical y horizontal a través del edificio es el mayor problema de las personas con movilidad reducida. Sin embargo, la Ley General establece la obligatoriedad de realizar obras y reformas que garanticen la accesibilidad cuando los propietarios de las viviendas lo soliciten. También se aplicaría a trabajadores de locales ubicados en el edificio, que pueden pedir igualmente la reforma de los espacios comunes. Sin un vecino, que se encuentre entre los parámetros indicados, que solicite la reforma, esta no estará obligada a ser acometida, perjudicando a visitantes ajenos a la propiedad del inmueble. Además, toda acción deberá ser aprobada en junta de vecinos y necesitará su aprobación por mayoría. Sin embargo, a la hora de afrontar la reforma, el mayor problema es el económico.
Muchas comunidades no disponen del dinero necesario para pagar las obras que mejorarían las accesibilidad para los vecinos. A la hora de aumentar los precios de la comunidad o afrontar un pago extraordinario en forma de derrama, los vecinos pueden posicionarse en contra o negarse a aportar dinero para la mejora de la infraestructura. El importe de las reformas no puede exceder de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, una vez hayan sido descontadas las deducciones por subvenciones o ayudas públicas. En ocasiones, las obras no quedan paralizadas falta de conciencia social, sino por una imposibilidad económica por los bajos ingresos de las familias que conviven en la comunidad. Para más información, se puede consultar los artículos 10.1 y 2.4 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Sanciones que no son suficiente
Muchos inmuebles no han visto avances en estas reformas por culpa de la cuantía de las derramas y las contradicciones legales de la Ley, según el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Las sanciones, que pueden llegar a un millón de euros, no están aplicándose de manera correcta para lograr la accesibilidad total. La falta de sanciones por incumplimiento impide que muchas comunidades de vecinos se tomen en serio las materias de accesibilidad. Nos encontramos en una situación utópica donde es muy difícil encontrar la universalización de los espacios públicos y comunes en materia de accesibilidad. Esto ocurre más allá de las viviendas de las personas afectadas.
Desde el 4 de diciembre de 2017 no solo los edificios deben ser accesibles. También lo deben ser las páginas web, los trenes y el teléfono de emergencias. En cuatro años de trabajo y preparación para afrontar la nueva situación, menos de la mitad de espacios que deberían ser accesibles lo son. Queda mucho trabajo por delante y mucha concienciación por fomentar en los próximos años.